Las Defensorías del Pueblo de la República Argentina nucleadas en ADPRA manifestaron su preocupación ante el veto presidencial al proyecto de ley 27.756, de Movilidad Jubilatoria, y enviaron notas al Congreso de la Nación y a diferentes funcionarios.

Todas las pequeñas modificaciones previstas por el proyecto aprobado por ambas Cámaras y vetado por el Ejecutivo que contó con el cambio de voto de los diputados y diputadas, que por motivos que desconocemos no cumplieron con la palabra empeñada en su votación previa, condenaron a los jubilados/as y pensionados/as a caer aún más en la línea de pobreza.

El gobierno a través del Decreto 782/24, al disponer el veto al proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756, consiguió no solo eliminar una fórmula ínfima de aumento, que en realidad intentaba remendar la caída de los ingresos de los jubilados, sino que además produjo un daño al propio sistema representativo, a la democracia.

 

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