Defensoras y Defensores del Pueblo de todo el país se reunieron los días 1 y 2 de octubre en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para desarrollar el II Plenario de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
Con el fin de poder avanzar en una agenda de trabajo compartida, con temáticas nacionales, provinciales, y municipales que requieren del debate de todos, el encuentro reunió, por segunda vez en el año, a los representantes de las Defensorías de todo el país.
Al inicio, los Defensores fueron recibidos por el Intendente Municipal y ex Defensor del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, y declarados visitantes distinguidos de la misma.
Un momento destacado del encuentro fue la presentación de la Fundación Estrellas Amarillas sobre el estado de situación de Vialidad. Dicha fundación tiene como función articular con organismos gubernamentales y ONGs para visibilizar la responsabilidad humana en los siniestros viales. La presidenta de la Fundación, Silvia González, destacó el valor de la fiscalización preventiva, con referencia a los resultados obtenidos en la Ruta Nacional 5. Por otro lado, advirtió sobre un “apagón estadístico” que atribuye al desfinanciamiento y al desvío de fondos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En el mismo bloque, trabajadores de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, (FEPEVINA), se expresaron sobre el desfinanciamiento de Vialidad Nacional, detallaron puntos críticos, y formularon objeciones al sistema de licitaciones vigente.
Luego, se procedió a la firma de un convenio de colaboración entre ADPRA y FEPEVINA, que tiene por objeto establecer un marco institucional permanente de cooperación, asistencia recíproca, intercambio de información, investigación, capacitación y articulación federal, destinado a promover y proteger los derechos vinculados con la seguridad vial, la movilidad segura, la infraestructura pública y la adecuada prestación de los servicios asociados a ella.
Por otro lado, entre los temas abordados, estuvieron el endeudamiento familiar; la salud mental; los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores; la protección de niñas, niños y adolescentes; los servicios públicos domiciliarios y los desafíos de la ciudadanía digital; como así también la inteligencia artificial y la ciberseguridad.
También se trabajó sobre el acceso a la justicia y la mediación comunitaria como herramienta para la resolución pacífica de conflictos; el límite a las tasas de interés del BCRA; y el Convenio con el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS).
A través de estos encuentros, y las propuestas en conjunto, se logra promover de una manera más efectiva el ejercicio y las garantías de los derechos de aquellos que recurren a las Defensorías en busca de respuestas.
