Los Defensores del Pueblo de la República Argentina se reunieron en el Segundo Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) que se realizó en la ciudad de Corrientes los días 11 y 12 de agosto, para tratar una serie de problemáticas, entre las que se destaca el aumento de tarifas en los servicios públicos.
En el marco del incremento tarifario, los Defensores de Pueblo evaluaron las consecuencias que esta situación genera en cada región del país, con el objetivo de detectar los lugares que requieren con mayor urgencia la implementación de la tarifa social.
“A la sociedad hoy no le queda claro qué es lo que tiene que hacer. Ni siquiera los dirigentes políticos tienen claro si hay que pagar o si conviene esperar a las nuevas facturas. Nosotros tenemos la oportunidad de cumplir un rol fundamental para la sociedad, actuando con equilibrio y responsabilidad para darles certezas a las personas ante la incertidumbre reinante de muchos que no saben cómo proceder”, expresó el presidente de ADPRA, Alejandro Amor, quien esta semana se presentó como Amicus Curiae ante los dos expedientes que tiene la Corte Suprema respecto al tema tarifas.
“Después será la Corte Suprema quien decida si nos acepta o nos rechaza, pero nosotros estaremos cumpliendo nuestro rol: la representación de cada uno de los pueblos en donde nos eligieron”, agregó Amor.
La conclusión que sacaron los Defensores del Pueblo es que “la aplicación del nuevo cuadro tarifario adoleció y adolece de deficiencias en cuanto a lo normativo y en cuanto al reconocimiento de realidades regionales y sociales” y por eso exigen “la realización de las Audiencias Públicas, donde el Gobierno Nacional detalle el cuadro de situación Energético actual, la propuesta de inversión y desarrollo como política de estado de cara al futuro, la definición de las tarifas, la definición de la tarifa social ampliada, incluso con la posibilidad del acceso automático a la misma, la consideración de las economías regionales, la situación de las PyMEs, generadorás del 70% del empleo en la Argentina, la progresividad y la razonabilidad en los aumentos”.
Respecto de los dichos del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien se refirió al terrorismo de Estado como una “guerra sucia” y cuestionó el número de desaparecidos, los Defensores repudiaron esas palabras y reivindicaron el trabajo de los organismos de Derechos Humanos en pos de obtener verdad y justicia introdujeron el tema de los 30 mil desaparecidos como un símbolo de la lucha por la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos en nuestro país.
Otro de los temas que se abordaron durante el Plenario fue la transferencia de datos de la ANSES a la Secretaría de Comunicación de la Nación. Sobre esto, los Defensores del Pueblo decidieron realizar un pronunciamiento en conjunto en el que se reclama la derogación de esta medida y que el Gobierno se abstenga de utilizar esos datos personales, con fines distintos a los que motivaron su recolección.
Respecto del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, la Defensora Adjunta María América González detalló -como lo viene haciendo desde que se conoció el proyecto (http://bit.ly/2aNB20u)- los alcances y las limitaciones de esta iniciativa del Gobierno Nacional, y marcó los puntos sobre los que los Defensores de Pueblo deberán prestar más atención y pronunciarse en beneficio de aquellos jubilados y pensionados que no están alcanzados por la medida.
También se debatió el tema de la Reforma Política y se decidió crear una Comisión Especial que realice un seguimiento del proyecto del Gobierno Nacional. Todos los Defensores del Pueblo coincidieron en la importancia de capacitar con tiempo al electorado, y que es más importante la seguridad del voto a la celeridad de los resultados. Además, para la próxima reunión de ADPRA que tendrá lugar en septiembre en Tucumán, se invitaron a las autoridades del Tribunal Electoral de Salta para que cuenten cómo fue la experiencia en su provincia, donde desde hace más de cinco años implementa el sistema de Boleta Única Electrónica.
Se abordó además el límite que el Banco Hipotecario le impuso a los créditos del Pro.Cre.Ar. Se resolvió hacer una evaluación de la situación, realizar un seguimiento sobre este tema y solicitar una reunión con el titular de ANSES, Federico Basavilbaso.
Por otro lado, los Defensores del Pueblo elaboraron un comunicado en conjunto en repudio por los polémicos dichos del artista Gustavo Cordera y se evaluó la posibilidad de impulsar una denuncia penal contra del músico.