Desde la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestamos nuestra preocupación institucional frente al incremento sostenido del endeudamiento de los hogares de menores ingresos, inestables o provenientes del trabajo informal, del autoempleo o de economías populares a través de tarjetas de crédito, fenómeno que se ha intensificado en el financiamiento de consumos esenciales como alimentos, medicamentos, transporte, energía, combustibles e indumentaria básica.
El contexto económico actual ha generado una dependencia creciente de instrumentos de crédito de corto plazo para cubrir necesidades básicas, al mismo tiempo que las tasas de financiación y refinanciación aplicadas por las entidades financieras se han incrementado de manera significativa, con Costos Financieros Totales que superan umbrales compatibles con la protección del usuario financiero. Esta situación afecta, con especial gravedad, a los sectores más vulnerables de la población, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo indispensable y poseen escasos márgenes de maniobra para afrontar aumentos en el costo financiero.
Las Defensorías del Pueblo de todo el país han registrado un aumento sostenido de consultas vinculadas a endeudamiento familiar, refinanciaciones sucesivas, acumulación de saldos impagos y dificultades crecientes para cubrir consumos esenciales. Este cuadro configura un proceso de endeudamiento regresivo que profundiza desigualdades económicas y sociales. En esa línea, también es oportuno mencionar que no solo crece la deuda con las tarjetas, sino también, la cantidad de personas que pagan únicamente el mínimo. El crecimiento de este fenómeno evidencia que un número cada vez mayor de hogares recurre al financiamiento mínimo no para “llegar a fin de mes” en un sentido estrictamente salarial, sino para vivir, sostener consumos imprescindibles y cubrir necesidades esenciales en contextos de ingresos inestables o discontinuos.
Frente a ello, es importante resaltar que especialistas y experiencias jurisdiccionales han señalado que esta práctica constituye una forma de financiamiento altamente onerosa, que prolonga artificialmente la deuda y genera un efecto acumulativo que deriva en montos impagables en el corto e inmediato plazo. La reiteración del pago mínimo funciona, en los hechos, como una trampa financiera que agrava la vulnerabilidad económica de quienes recurren a ella como única alternativa para no caer en mora.
El marco normativo vigente otorga al Banco Central de la República Argentina facultades específicas para intervenir mediante regulaciones que garanticen la protección del usuario financiero, incluyendo la posibilidad de fijar topes a las tasas activas, establecer condiciones contractuales especiales, limitar el Costo Financiero Total de las tarjetas de crédito, crear líneas obligatorias de crédito y disponer medidas de supervisión y control. Existen antecedentes regulatorios que demuestran la viabilidad técnica y jurídica del instrumento, tales como la fijación histórica de tasas máximas para tarjetas de crédito y la implementación de líneas de financiamiento obligatorio en segmentos específicos. Sin embargo, hasta el momento, no se han tomado medidas preventivas o paliativas para los usuarios.
En este marco, ADPRA considera oportuno recomendar la evaluación de medidas regulatorias orientadas a mitigar el impacto del endeudamiento asociado a consumos esenciales financiados mediante tarjetas de crédito. Entre las alternativas que podrían analizarse, se encuentran esquemas de tasas reguladas o diferenciadas para segmentos especialmente expuestos, mecanismos que permitan reducir el costo financiero aplicado a necesidades básicas, criterios de ordenamiento de las condiciones de refinanciación y otras herramientas que contribuyan a evitar ciclos de endeudamiento difíciles de revertir.
Desde nuestra Asociación, reafirmamos el compromiso institucional de garantizar condiciones de acceso justas, razonables y transparentes al crédito destinado a cubrir necesidades básicas, así como la obligación del Estado y del sistema financiero de operar bajo principios de equidad, protección y no discriminación.
Por lo tanto, instamos a las autoridades competentes a adoptar medidas urgentes y eficaces que permitan proteger a los sectores más expuestos, fortalecer la inclusión financiera y asegurar una operatoria equilibrada y socialmente responsable del sistema financiero.
