Se trata de un Protocolo de Actuación de la Policía solicitado por el Ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, para ser utilizado en operativos de seguridad que se lleven a cabo en todo el territorio provincial, por el cual se disponga la no utilización de armas de fuego, balas de goma, ni gases lacrimógenos a menos que haya una orden judicial de autoridad competente.
El protocolo también indica que todos los miembros de las fuerzas deberán estar debidamente identificados y que deberán tomarse imágenes de los operativos, a través de fotografías y filmaciones, que luego servirán de prueba para que la Justicia evalúe el accionar de los efectivos intervinientes.
El pedido fue realizado a partir de los hechos de violencia sucedidos el lunes 1° de enero en el barrio 50 viviendas de la localidad formoseña de Ingeniero Juárez. La Defensoria de Formosa puso de manifiesto que aparentemente fueron desencadenados a partir de que un grupo de originarios del Barrio 50 Viviendas, algunos de ellos menores de edad, intentaran sustraer la moto de un agente de la Policía de la Provincia que se encontraba custodiando un lugar público. Este episodio generó un fuerte enfrentamiento en el que se advirtieron excesos de ambas partes, con presencia de un mayor número de personal policial. Por un lado los originarios que con boleadoras y utilizando significativos materiales agredieron a unos 12 o 13 policías, y por el otro, policías manipulando armas con balas de goma y plomo que impactaron en varios de los originarios, encontrándose lesionados también 4 menores de edad.
Gialluca pudo constatar que el Juez de Feria, Dr. Francisco Orella, estuvo personalmente en Ingeniero Juárez el día miércoles 3 de enero en horas de la mañana, y mantuvo en su recorrido una serie de contactos con el Intendente del lugar, Rafael Naciff, como así también con integrantes de la fuerza de seguridad, a quienes se les recomendó actuar en estos casos con mayor profesionalismo para evitar hechos no queridos.
La Defensoria de Formosa peticionó también al Ministerio Fiscal de Feria, a cargo de la Dra. Marta Castro que ejerce las funciones de Asesora de Menores y Fiscal, que intervenga para determinar las circunstancias en que fueron heridos los menores de edad, entre ellos uno que se encontraba sentado en la vereda sin intervenir en la contienda, según fue testimoniado por el padrastro del menor.
Por último, la Defensoria advirtió que muchas viviendas del barrio se encuentran usurpadas desde hace más de 7 u 8 años, donde conviven una “heterogeneidad de ciudadanos”, la mayoría “gente de bien”, pero que existen algunas familias cuyos integrantes, en el que se incluyen menores de edad, se encuentran atrapados por el alcohol y las drogas, lo que amerita reforzar en ellos y en todo el barrio un trabajo urgente y profundo del IAPA ( Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones). Por tal motivo se le solicitó al Municipio y a los Organismos Competentes trabajar en la prevención y entender que debe existir una convivencia pacífica entre ciudadanos civiles y fuerzas de seguridad, pues cada parte cumple y tiene asignado un rol en una Comunidad. Al no encontrarse debidamente organizado el Barrio 50 Viviendas, es más propenso a sufrir este tipo de acontecimientos, a diferencia de lo que ocurre en otros barrios aborígenes de Ingeniero Juárez donde existe una convivencia pacífica y fructífera producto del esfuerzo y trabajo diario que lleva adelante el Ministerio de Gobierno, el Municipio, las Comunidades Aborígenes, Asociaciones y las Fuerzas de Seguridad.