La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) —que nuclea a las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas de todo el país— manifiesta su posición institucional ante el desmantelamiento progresivo de organismos públicos vinculados a la protección de derechos laborales y sociales.
Las políticas de ajuste fiscal implementadas a nivel nacional han derivado en el desfinanciamiento sostenido de áreas estratégicas de trabajo, seguridad social y empleo. El cierre de Agencias Territoriales y Delegaciones en distintas jurisdicciones, junto con la desvinculación masiva de agentes públicos con larga trayectoria, afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar derechos consagrados constitucionalmente.
Entre las dependencias afectadas se encuentran las que tienen a su cargo el control del trabajo no registrado —en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y el Programa de Apoyo a la Registración—, desarrollados de forma articulada entre la Secretaría de Trabajo, la AFIP (actual ARCA) y los gobiernos provinciales.
El debilitamiento de estas políticas públicas no es un dato administrativo neutral y abstracto: implica en la práctica más informalidad laboral, menor protección para quienes trabajan y mayor desamparo para los sectores que históricamente han dependido de la intervención estatal para el ejercicio efectivo de sus derechos.
El mismo impacto recae sobre las asociaciones sindicales y los programas de fomento al empleo. En un contexto de deterioro económico y social, su desfinanciamiento agrava la situación de quienes ya se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
ADPRA exhorta al Gobierno Nacional a revisar el alcance de estas medidas y promover instancias de diálogo institucional que permitan encontrar alternativas que preserven las fuentes de trabajo y la continuidad de políticas públicas necesarias para la protección de derechos. La defensa de los derechos sociales, laborales y económicos de la población constituye un mandato indelegable del Estado por lo que resulta imperioso garantizar la sostenibilidad de los organismos encargados de su protección y promoción.
ADPRA ratifica su compromiso con la ciudadanía y con el fortalecimiento del Estado de derecho, y se pone a disposición de los poderes públicos para contribuir, desde su rol institucional, a la búsqueda de soluciones que coloquen el interés general por encima de la coyuntura fiscal.
