De la norma a la dignidad en la vida cotidiana
En el marco de la II Reunión Plenaria de ADPRA, las Defensorías del Pueblo de la República Argentina ratifican su compromiso con la promoción, protección y defensa del derecho a la salud mental.
La salud mental es un derecho humano fundamental y se construye también en las condiciones concretas de vida: acceso a salud, vivienda, trabajo, educación, cuidados, vínculos y participación comunitaria.
Frente a un contexto marcado por desigualdades, violencias, aislamiento, consumos problemáticos y dificultades de acceso a servicios esenciales, se requieren respuestas integrales, comunitarias, accesibles y sostenidas en el tiempo.
La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 establece un paradigma basado en los derechos humanos, la autonomía y la atención comunitaria. Ninguna persona debe ser definida por un diagnóstico o una situación de vulnerabilidad. Toda persona tiene derecho a ser escuchada, informada y considerada en las decisiones que afectan su vida.
En este sentido, las Defensorías advierten con preocupación que el debilitamiento y desfinanciamiento del sistema público nacional de salud impacta directamente en la capacidad de garantizar respuestas oportunas, integrales y de calidad en materia de salud mental. La insuficiencia de recursos compromete la disponibilidad de equipos interdisciplinarios, dispositivos comunitarios, acciones de prevención, tratamientos y mecanismos de acompañamiento y continuidad de los cuidados, y profundiza las desigualdades territoriales en el acceso. La plena vigencia de los derechos reconocidos por la Ley Nacional de Salud Mental requiere políticas públicas sostenidas y recursos presupuestarios suficientes.
La situación adquiere especial gravedad entre adolescentes y jóvenes. Los datos disponibles muestran que el suicidio constituye la primera causa de muerte en la adolescencia en la Argentina, mientras que los registros más recientes del sistema nacional de vigilancia señalan que esta tasa ha subido relevantemente en la franja de 15 a 24 años. Esta realidad exige una respuesta urgente y sostenida del Estado.
Una agenda común
Las Defensorías plantean como prioridades:
- Fortalecer la prevención y las redes comunitarias, promoviendo vínculos, participación y espacios de encuentro
- Garantizar el acceso efectivo a la atención, reduciendo barreras y favoreciendo la continuidad de los cuidados
- Articular políticas públicas de salud, educación, trabajo, vivienda, desarrollo social, cultura y deporte
- Prevenir el estigma y la discriminación, protegiendo la autonomía y dignidad de las personas
- Mejorar la información y el diagnóstico para que las políticas respondan a las necesidades de cada comunidad
Compromiso institucional
Las Defensorías del Pueblo, en el marco de sus competencias, asumen el compromiso de fortalecer los espacios de escucha y orientación, promover acciones de prevención, identificar y visibilizar las barreras de acceso, impulsar la articulación entre los distintos niveles del Estado y realizar un seguimiento activo de las situaciones de vulneración de derechos. Asimismo, instan a las autoridades competentes a garantizar los recursos humanos, institucionales y presupuestarios necesarios para sostener políticas públicas de salud mental accesibles, integrales y continuas en todo el territorio nacional.
La salud mental no puede ser un derecho reconocido en las normas, pero condicionado en la práctica por la falta de recursos, las desigualdades territoriales o la ausencia de respuestas oportunas.
