03.10.23 El encuentro se realiza desde hoy en la ciudad de Barranquilla. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, participa a partir de hoy en la XVIII Asamblea General y XXVIII Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), cuyo objetivo principal es evaluar las amenazas a la independencia y la autonomía de las instituciones nacionales de derechos humanos y su impacto sobre la integridad de la democracia y la vigencia de los derechos de la ciudadanía en Iberoamérica.
En el encuentro, se abordarán temas relacionados a cómo prevenir y transformar los conflictos sociales en la región; los desafíos actuales en torno a los derechos de las mujeres y la importancia de la perspectiva de género en la construcción democrática de los países; además, la sostenibilidad como eje de la transformación social, el desarrollo inclusivo y el ambiente sano.
Este importante foro internacional, que se desarrolla en la ciudad colombiana de Barranquilla, también servirá para discutir la situación migratoria en los países de la región. Defensores del pueblo y representantes de instituciones de derechos humanos revisarán los planes de trabajo conjunto, para procurar la garantía de los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Cabe indicar que, en los últimos años, este importante espacio ha dado una especial relevancia al tratamiento de la conflictividad social. En esa línea, la Defensoría del Pueblo de Perú señala que desde el año 2004 se cuenta con un Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana, que le permite procesar y consolidar información a nivel nacional, a través de sus 40 oficinas y módulos defensoriales. Asimismo, ha publicado 234 reportes de forma ininterrumpida, lo que le ha permitido aportar a las entidades del Estado, a las organizaciones sociales, empresas y a la ciudadanía en general, información actualizada sobre el estado de los conflictos en el país, con el fin de colaborar con la adecuada toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía involucradas.
Es importante tener en cuenta -y se ha manifestado públicamente- que, en tanto no corresponde a la Defensoría del Pueblo resolver directamente los conflictos sociales, su intervención apunta, rincipalmente, a prevenir su escalamiento hacia la violencia, alertar sobre sus riesgos, propiciar la atención humanitaria, investigar sus causas inmediatas y estructurales, colaborar con el Estado, e ncluso mediar cuando las partes se lo solicitan.