La Red de Infancia de ADPRA manifesta su preocupación por el enfoque en la discusión de un tema tan importante en la agenda pública y política como es la imputabilidad de jóvenes en conflicto con la ley.
Entendemos que es necesario avanzar en la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil, pero que no disminuya la edad de imputabilidad.
Reducir la discusión sobre la inseguridad a la edad en que se deberían aplicar penas a los jóvenes, es –cuanto menos-, simplista.
La restricción de la libertad personal (y más aún de un joven) en los contextos de encierro hoy vigentes, profundizan las vulneraciones de derechos y están lejos de solucionar el problema que socialmente se reclama: la inseguridad.
Es innegable la responsabilidad que se debe asumir en avanzar hacia una adecuación normativa compatible y en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal.
Sobre todo teniendo en cuenta que, según estadísticas recientes, los principales motivos por los que ingresan los adolescentes a instituciones cerradas del sistema penal juvenil responden a delitos contra la propiedad, representando estos alrededor del 60%; mientras que los delitos cometidos contra las personas rondan sólo el 15%. Asimismo, el porcentaje de jóvenes menores de 16 años que cometen un delito es ínfimo en comparación con el total de actos delictivos.
Como organismo de derechos humanos estamos en contra de las simplificaciones y estigmatizaciones que hacen que la inequidad de un sistema –que está en manos de personas adultas– recaiga en culpabilizar a quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad.
Hablar de bajar la edad de imputabilidad penal –que actualmente, desde el retorno de la democracia, se sitúa en los 16 años de edad– conduce en general al planteo de antinomias que es necesario trascender, como aquella que plantea que lo “no punible” es sinónimo de “impunidad”. Y esto es, precisamente, ver el final.
Lo que proponemos es dar un debate sobre los jóvenes que comience por el principio. Por el principio de la historia y por el principio del rol del Estado. Un Estado presente desde la primera infancia, donde deberían verse fortalecidos los sistemas de protección integral para garantizar a niñas, niños, adolescentes, familias y sus comunidades derechos humanos fundamentales: una buena calidad de vida, el respeto a su identidad, el acceso a la atención integral de su salud en igualdad de oportunidades, el acceso a la educación pública y gratuita atendiendo a su desarrollo integral y orientada a la construcción de la ciudadanía, el derecho a la recreación y el deporte, el derecho a la dignidad y la integridad personal y a no sufrir ningún tipo de discriminación.
En síntesis, resulta indispensable en un tema central para la vida en sociedad, como es la modificación de un régimen penal vinculado a juventudes, generar los espacios de reflexión y los consensos necesarios que incluyan una mirada integral, tanto del origen y prevención del delito como de la reparación de sus consecuencias.
En ese sentido, desde la Red por los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos ponemos a disposición para aportar a una mirada que abone a la construcción de una sociedad con una mayor cultura de paz y respetuosa de los Derechos Humanos. De todos, todos los días.