En diciembre de 2018 se cumplió un año de la conformación de una mesa interinsititucional que trabaja sobre la problemática del agua y la luz, de la cual participan: la Defensoría del Pueblo de Misiones, el Ministerio de Derechos Humanos local, el diputado Roque Gervasoni, vecinos e instituciones (SAMSA, IMAS; EPRAC, Energía de Misiones SA). Sin embargo, y a pesar de que el diálogo arrojó algunas soluciones momentáneas, no se logró resolver el problema de fondo.
Debido a esto, y agotadas todas las instancias administrativas posibles, el Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 una medida cautelar y acción de amparo colectivo, con el objetivo de que sea la Justicia quien ordene a SAMSA la regularización del servicio de agua potable. Para hacerlo estuvo acompañado por la ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia “Tiki” Marchesini; el diputado Gervasoni y vecinos afectados de barrios posadeños.
“Deben entender que es un derechos. Y que firmaron un contrato en donde se comprometieron a proveer el líquido, de una u otra forma”, dijo Penayo y agregó: “agotamos todas las instancias, por lo tanto ahora apelamos a la Justicia”.
A través de la medida, solicitaron además la elaboración de un plan de contingencia respecto a la provisión del agua en conjunto con el IMAS, el EPRAC y Energía de Misiones SA. Y que se abstengan de facturar a aquellos ciudadanos que no contaron con el agua potable durante este tiempo.