En el marco del 30º aniversario de la Reforma Constitucional, se desarrollaron dos jornadas en la sede de la Universidad Nacional del Litoral, en cuyo Paraninfo sesionó, en 1994, la Convención Nacional Constituyente.
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) celebró el III Plenario anual los días 19 y 20 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, con diversas actividades.
El día 19 se llevó a cabo una jornada académica en ocasión de cumplirse 30 años de la última Reforma Constitucional, en la cual se presentó la Cátedra Abierta de las Defensorías del Pueblo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
En el acto de apertura participaron: Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe; Claudia Levin, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL; María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo porteña y presidenta de ADPRA y Jorge Henn, Defensor adjunto de la provincia de Santa Fe.
María Rosa Muiños destacó la importancia de las alianzas: “Nos parece muy auspicioso que en la universidad se pueda estudiar, investigar y analizar la figura del Defensor del Pueblo, sus características históricas, sus funciones y sus alcances, brindando formación académica a estudiantes, docentes y funcionarios, así como a toda la ciudadanía”.
Acto seguido, Gabriel Savino, Defensor adjunto de Santa Fe, expuso sobre «El rango constitucional al instituto del Defensor del Pueblo, materia pendiente en la provincia de Santa Fe».
Durante el resto de la jornada se desarrollaron diversos paneles, entre ellos una disertación a distancia de Nashieli Ramírez Hernández, presidenta del International Ombudsman Institute (IOI) y titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
También tuvieron lugar conversatorios en los que expertos, autoridades, Defensores y Defensoras expusieron sobre la situación actual de los y las menores –7 de cada 10 se encuentran en situación de pobreza–, la reforma de la ley de baja de imputabilidad, la problemática de la ludopatía con los juegos online, el consumo problemático en niños, niñas y adolescentes y la situación específica de las y los adultos mayores y sus derechos.
Asimismo, por la mañana, los asistentes visitaron las instalaciones del Museo y Parque de la Constitución Nacional, un espacio conmemorativo, educativo y didáctico que cuenta con salas temáticas y un recorrido orientado acerca de las disputas, los acuerdos, las reflexiones y la construcción social, política e institucional en torno a nuestra Ley Fundamental.
El día 20 se llevó adelante el III Plenario, en el que se trataron diversos temas de relevancia nacional y se firmó un convenio de cooperación con la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
Convenio de Cooperación con la AAIP
La presidenta de ADPRA, María Rosa Muiños, firmó un convenio marco de cooperación con la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena.
El convenio suscripto apunta a acordar el desarrollo de actividades conjuntas en torno a las atribuciones de sus respectivas instituciones y tiene como objetivo esencial proteger los derechos y las garantías de las personas y fortalecer las instituciones, que requieren de una voluntad de colaboración, de un trabajo sinérgico y de acciones conjuntas.
«Para todos los Defensores y Defensoras es importante trabajar en la protección, en el acceso a la información pública. Hemos cursado muchísimos pedidos de informes, tanto de manera individual como a través de ADPRA, a partir de algunas decisiones del gobierno nacional tendientes a restringir este acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas», resaltó Muiños.
Entre sus fundamentos, este acuerdo –que no implica erogaciones ni compromiso económico o financiero alguno entre ambas entidades– establece colaborar y participar en acciones de cooperación, complementación, sensibilización, capacitación, intercambio, articulación y difusión en materia de protección de datos personales, acceso a la información pública, políticas de transparencia en la gestión pública y protección de los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía.
Además, toda comunicación, publicación o difusión, por cualquier medio, referida a los programas, proyectos y actividades realizadas en el marco de este convenio o de los específicos que en su consecuencia se suscriban, deberá contar con previa autorización expresa de ADPRA y AAIP, con el debido resguardo de la información de índole sensible, reservada y/o técnica que se haya generado.
Sobre el posible veto al financiamiento a universidades
Los Defensores/as manifestaron que la falta de financiamiento adecuado a las universidades afecta directamente los derechos fundamentales de los estudiantes y trabajadores universitarios y destacaron que, de concretarse, comprometería los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de estas instituciones esenciales para el desarrollo social y económico de la Nación. Asimismo, esta decisión podría tener impacto negativo en la calidad educativa y en las actividades de investigación, extensión y transferencia de conocimiento que las universidades realizan, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de la Argentina.
Sobre el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria
El cuerpo de Defensores/as acordó elaborar un pronunciamiento a raíz del veto del Poder Ejecutivo Nacional a la Ley que establecía una mejora en los haberes jubilatorios con la recomposición del 8,1% por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno. Asimismo, la norma ratificaba la fórmula de movilidad que impuso el Gobierno por decreto, por la cual los ingresos de las y los jubilados debían ser actualizados en base a la inflación.
Banco Nacional de Alimentos
Tras la exposición de la representante del Banco Nacional de Alimentos, se acordó impulsar la firma de un convenio entre esa institución y ADPRA con el fin de trabajar algunos temas en conjunto.
Derechos Humanos en riesgo en Argentina
Por iniciativa de la Defensora del Pueblo de la Ciudad y presidenta de ADPRA, María Rosa Muiños, el Plenario decidió solicitar una reunión con Andrea Pochak, Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de expresarle su profunda preocupación por las medidas regresivas que viene adoptando el Estado argentino en detrimento de los inestimables avances alcanzados desde la recuperación democrática en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, que hoy se ven amenazados por constantes medidas que favorecen abiertamente la impunidad.
En ese sentido, ADPRA quiere alertar al Sistema Interamericano sobre las graves consecuencias y los riesgos que esto conlleva para los derechos humanos en Argentina y su posible impacto en la región.