El Defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina expuso en la audiencia convocada por el ENARGAS en el marco de la voluntad empresaria de realizar un aumento de entre el 32.1 al 44.5% a partir del mes de abril.
Como sucedió en las audiencias públicas que se celebraron para los aumentos en las tarifas de los servicios de luz y agua, Amor participó de la audiencia pública del gas, que se realizó el jueves 22 de febrero desde las 9 en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en Algarrobo 1041, en el barrio porteño de Barracas.
Entre los temas que abordó están: la importancia de respetar los principios sentados por la Corte Suprema (gradualidad, proporcionalidad, razonabilidad y no confiscatoriedad), las definiciones de pobreza energética y cómo afectarían los aumentos en el salario de los usuarios, el rol del Estado en la definición de la actualización tarifaria, y la propuesta de realizar una mesa de trabajo para discutir esa actualización junto con las Defensorías y las asociaciones de usuarios.
Entre los dichos del Defensor del Pueblo porteño se destacan:
Reafirmar los principios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
-“Vengo a reafirmar los principios establecidos por la CSJN de no confiscatoriedad, proporcionalidad, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad. Estos principios no se respetan por parte de las empresas cuando proponen y no se respetan por parte del Estado cuando acepta las propuestas de las empresas”.
Cómo afectan los incrementos en el salario
-“El representante de Gas Ban, cuando propuso la tarifa previsible estableció un valor de 1.300 pesos por factura. En un salario neto de 26 mil pesos esta tarifa le consume el 5% de los ingresos a ese trabajador. Sumémosle que a eso también paga la luz, el agua y también el incremento en los transportes. Por lo cual es probable que ya esté en aproximadamente un 30% del ingreso de ese grupo familia. La definición de pobreza energética plantea que aquel que consuma el 50% de los ingresos familiares en servicios públicos es un pobre energético. Un salario de 26 mil pesos netos no es un salario promedio de la Argentina. Los salarios básicos de convenio, los salarios de los jubilados y pensionados, están casi en la mitad o en menos de la mitad de los 26 mil pesos”.
-“Los aumentos de tarifas semestrales deben contemplar directamente los resultados de las discusiones paritarias que fijan los aumentos salariales de los trabajadores en actividad y de haberes de los trabajadores jubilados”.
Realizar una mesa de trabajo para discutir la tarifa previsible
-“Propongo que se realice una mesa de trabajo entre las empresas, los Defensores y los usuarios para discutir la propuesta de tarifa plana previsible, para rever si realmente beneficia, además de a las empresas, a los usuarios”.
Declarar la garrafa como un servicio público esencial
-“Reivindicamos el proyecto del senador Julio Cobos de declarar a la garrafa como un servicio público esencial. Porque todas esas personas gastan muchísimo más en el gas por garrafa que nosotros que nos beneficiamos por estar conectados a la red nacional de gas”.
Rol de Estado
-“Es necesario que se revise el valor del BTU que se ajusta a la variación del dólar. Para mí el dólar futuro es como el pronóstico del tiempo. Por lo tanto, el valor de las tarifas que se está planteando tiene absoluta incertidumbre. Cuando el ENTE tome la decisión definitiva, las personas que perciban no van a tener certeza en el valor del BTU. El Estado tiene que dar certeza y tener políticas claras y coherentes”.
Tarifa Social
-“No es razonable que una persona que está afuera de la tarifa social pague 92 pesos de cargo fijo, al mismo tiempo que lo paga una persona que está adentro de la tarifa social y también paga 92 pesos de cargo fijo. Hay que eliminar el cargo fijo de la tarifa social”.
Revisión integral de los cuadros tarifarios
-“Creo oportuno y es un momento adecuado para hacer un paréntesis en esta discusión y realizar una revisión integral de todos los cuadros tarifarios. Me parece que el impacto que tendrá en los asalariados el reemplazo total del subsidio por los sucesivos aumentos tarifarios dentro de dos años va a afectar, en muchos casos, más del 60% de su capacidad de ingreso”.
-“Es necesario reconsiderar entre todos un marco de previsionalidad, proporcionalidad y de no confiscatoriedad de las tarifas sobre los ingresos de todos los argentinos que hoy están asistiendo a un cuadro de readecuación tarifaria cuando durante 16 años las empresas percibieron subsidios y no realizaron las inversiones correspondientes. No son las personas, que necesitan de los servicios públicos, las responsables y las que deben pagar lo que el Estado y las empresas no hicieron durante 16 años”.