La Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifiesta su profunda preocupación frente a las decisiones del Estado Nacional que avanzan en el cierre, desfinanciamiento o debilitamiento de organismos públicos de control que resultan esenciales para la vigencia de derechos fundamentales. Estos organismos constituyen una pieza central en la arquitectura institucional de la República, ya que cumplen funciones insustituibles de supervisión, contralor y resguardo del interés público en materia de servicios básicos, recursos naturales, ambiente, transparencia administrativa y defensa de los usuarios y consumidores.
La supresión o reducción de sus capacidades no puede ser entendida únicamente como un proceso de reorganización administrativa, sino que implica un serio retroceso institucional y democrático. Sin su presencia, la ciudadanía queda en una situación de mayor vulnerabilidad frente a posibles abusos, irregularidades o prácticas discrecionales que afectan el acceso a derechos básicos y la protección del interés general. Al mismo tiempo, se desconocen compromisos asumidos por el país en el marco de instrumentos internacionales que recomiendan fortalecer —y no debilitar— las instancias de fiscalización, así como las buenas prácticas en materia de gobernanza, transparencia y tutela de derechos humanos.
La Asociación reafirma que la existencia de entes de control sólidos, independientes y con recursos adecuados no constituye un privilegio burocrático sino una condición indispensable para la vigencia efectiva de los derechos humanos, la protección de usuarios y consumidores, la preservación del ambiente y la consolidación de la institucionalidad democrática. Su debilitamiento no puede, en consecuencia, enmarcarse en una lógica de mera racionalización administrativa
Por todo lo expuesto, ADPRA peticiona al Estado Nacional que se disponga el restablecimiento inmediato y el fortalecimiento de los organismos de control público, garantizando su autonomía funcional y presupuestaria, y que cualquier proceso de reforma estatal se lleve adelante bajo criterios de transparencia, participación ciudadana y deliberación parlamentaria. Asimismo, solicita que se remita al Congreso de la Nación un informe pormenorizado sobre las medidas adoptadas, a fin de asegurar el adecuado ejercicio de control democrático y la plena vigencia de los derechos de la ciudadanía.
