La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina manifiesta su enérgico rechazo a los hechos ocurridos el 12 de marzo del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires, donde una marcha de jubilados fue reprimida y dejó múltiples personas heridas y detenidas. Entre ellas, el fotógrafo Pablo Grillo, oriundo de Lanús, quien sufrió una grave lesión en su cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, y que aún permanece en estado crítico.
También resulta alarmante el caso de una mujer de 87 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad. Este episodio evidencia un accionar desmedido que en ningún caso debería afectar a personas en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores.
Asimismo, se llevaron a cabo detenciones irregulares, incluyendo la de menores de edad, en un operativo que careció de garantías básicas de protección. El uso indebido de la coerción estatal vulnera derechos fundamentales y debilita las garantías democráticas. La creciente criminalización de la protesta social atenta contra el ejercicio ciudadano y refuerza un mensaje de intolerancia hacia la participación democrática.
En este contexto, tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación y han instado a las autoridades a realizar una investigación urgente sobre lo sucedido. Nosotros, desde ADPRA, nos adherimos a este reclamo y enfatizamos la necesidad de que dicha investigación sea independiente, transparente y exhaustiva, con el fin de esclarecer responsabilidades.
Por todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la Constitución Nacional, a la vez que exhortamos a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta pacífica evitando el uso excesivo de la fuerza y adoptando medidas para prevenir nuevos hechos de violencia institucional.