En una reunión llevada a cabo el 11 de diciembre con el Administrador de Vialidad Nacional Ingeniero Campoy; el Sub-Administrador, Ingeniero Osvaldo Fuentes; y equipos técnicos de las áreas jurídicas e infraestructura, se abordaron las alarmantes condiciones de deterioro que afectan a gran parte de la red vial nacional. Los datos de siniestralidad vial son profundamente preocupantes, que reflejan una realidad que exige medidas inmediatas y sostenidas.

Desde ADPRA se presentó a las autoridades nacionales un informe técnico detallado de carácter federal que pone en evidencia problemáticas como:

Los Defensores y Defensoras hicieron especial énfasis en que estas deficiencias no solo aumentan los riesgos de accidentes y pérdida de vidas humanas, sino que también tienen un impacto negativo en las actividades económicas y productivas, particularmente en zonas estratégicas de nuestro país.

En este contexto, desde Vialidad Nacional se comprometieron a implementar un esquema de financiamiento, a partir de 2025, destinado a obras de mantenimiento, refuncionalización de calzadas, banquinas, señalización e iluminación pese a que no manifestaron graves restricciones presupuestarias. Asimismo, anunciaron el inicio de un nuevo proceso licitatorio para tramos clave, incluyendo:

El Corredor de la Ruta Nacional 14,

La Ruta Nacional 12,

El Puente Rosario-Victoria.

Durante la reunión, se destacó también que no están previstas actualizaciones en los peajes hasta que se cumplan los compromisos de mantenimiento y reparación asumidos en tramos de rutas concesionados por Corredores Viales S.A.

Este primer encuentro marca el inicio de un camino de trabajo conjunto y sostenido, en el que se buscará establecer un canal de diálogo constante para atender las demandas prioritarias de la población en materia de infraestructura vial.

Desde la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, consideramos que el estado actual de las rutas nacionales exige acciones urgentes e inmediatas, más allá de los planes proyectados para el futuro. Las suspensiones de obras previamente previstas y financiadas son un retroceso inaceptable que debe ser revertido para evitar mayores perjuicios a las comunidades afectadas.

Participaron, en representación de ADPRA, el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Bernardo Voloj; el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Jorge Henn; la Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade; el Defensor del Pueblo de Lanús, Facundo Mancebo; y representantes técnicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa.