La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) inició hoy el pedido de juicio político contra Carlos Alfredo Rossi, juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Gualeguaychú, por su supuesta responsabilidad en la trágica muerte de la joven Micaela García, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en esa ciudad entrerriana el pasado 8 de abril, tras estar desaparecida durante siete días.
El juez Rossi quedó envuelto en una fuerte polémica de alcance nacional, luego de que se conociera que Sebastián Wagner, el principal sospechoso del crimen de la joven, había accedido al beneficio de la libertad condicional en virtud de una decisión del nombrado magistrado, aún cuando existían informes de los equipos técnicos que actúan en esa jurisdicción que desaconsejaban su liberación.
Al efecto, cabe destacar que en 2010, Wagner fue condenado a nueve años de prisión por dos violaciones cometidas en la localidad de Concepción del Uruguay; en ambos casos las víctimas habían sido jóvenes estudiantes.
El pedido de juicio político por parte de ADPRA contra el juez Rossi es impulsado por el presidente y el vicepresidente de la asociación, Alejandro Amor y Luis Oscar Garay respectivamente, quienes reclamaron que el magistrado le explique a la sociedad entrerriana y al país por qué tomó esa decisión y de la misma manera saber cómo está trabajando.
Para los representantes de ADPRA, “la actuación del juez Rossi se subsume en la causal de mal desempeño” debido a que su resolución “se apartó de los dictámenes que advertían sobre la imposibilidad de que el señor Wagner se reinsertara favorablemente en la sociedad” y que “no efectuó una correcta aplicación del artículo 13 del Código Penal-; al haber soslayado el dictamen del Fiscal de Cámara, el cual se opuso a la concesión de la libertad condicional”.